Preocupado por muchos impases de inversiones regionales en el país, debido a la incertidumbre legal resultante de la guerra fiscal, el Instituto Brasileño de Ética en Competencia defiende una discusión intensiva en busca de una solución racional a la cuestión de los incentivos. El presidente ejecutivo de ETCO, Evandro Guimarães, dice que la solución al conflicto debe alcanzarse en el Congreso Nacional, donde se pueden negociar las condiciones necesarias para poner fin a los enfrentamientos entre los estados.

"La solución definitiva no es fácil, pero necesita ser discutida, repetidamente, y a través de la ruta legislativa, que es el foro apropiado para asuntos complejos como este", defiende Guimarães. Para él, el mayor desafío es aumentar la seguridad jurídica, bajo el riesgo de que se escape la inversión.

El Presidente Ejecutivo destaca la importancia de la discusión, posible mejora y aprobación del dictamen del PLC 130/14 (del Senador Luiz Henrique - PMDB / SC), haciendo efectivo el proceso legislativo con miras a poner fin al conflicto.

En su opinión, la aprobación de la opinión sería un primer paso en la discusión sobre la guerra fiscal.

Guimarães afirma que la aprobación de esta primera etapa indicará la voluntad del Congreso de evitar la agitación y una mayor inseguridad jurídica, que podría establecerse si la "guerra fiscal" se resuelve dentro del Poder Judicial. El Tribunal Supremo Federal (STF) ha considerado que los beneficios otorgados sin el consentimiento de Confaz son inconstitucionales y puede votar una opinión vinculante sobre el tema.

"Si se aprueba la Súmula Vinculante, los proyectos pueden cesar sus actividades", dice Guimarães. Las empresas podrían estar a merced de los procedimientos administrativos y judiciales destinados a cobrar parte del ICMS previamente renunciado por los Estados, como incentivos para el desarrollo industrial regional.

Los gobernadores y secretarios de finanzas también podrían ser demandados por otorgar y mantener incentivos fuera de la Constitución.