El sistema tributario brasileño es extremadamente complejo e inseguro. Y las reglas cambian todo el tiempo. Desde 1988, cuando se promulgó la Constitución Federal, hasta 2018, se emitieron 16 enmiendas constitucionales y más de 390 mil normas fiscales en el país.

La situación crea una enorme incertidumbre legal y es la fuente de un problema que crece cada año en el país: las disputas entre las autoridades fiscales y los contribuyentes. Una encuesta realizada en 2019 por la consultora EY, a solicitud de ETCO, mostró que el stock de litigios fiscales por parte del gobierno federal ya es equivalente a más de la mitad del PIB (50,5%). En 2014, este índice fue del 41,5%.

La complejidad e inseguridad del sistema tributario representan una de las principales desventajas de Brasil en la competencia internacional por inversiones. Esto se muestra en la encuesta Doing Business, realizada anualmente por el Banco Mundial, que evalúa el entorno empresarial de 190 países en varios aspectos. En la edición 2020, Brasil aparece en el puesto 124 en la clasificación general, y 184 en términos de calidad del sistema de pago de impuestos.

Para contribuir a la búsqueda de soluciones al problema, desde 2019 hemos elegido este tema como una de nuestras banderas prioritarias. Porque Brasil no solo necesita un cambio que haga que nuestro sistema tributario sea más racional. También necesita una reforma fiscal destinada a promover la seguridad jurídica.